La historia de Kilmar Abrego García: de migrante deportado injustamente a peligroso traficante de personas

Primero fue un migrante deportado por error a El Salvador; enseguida pasó a ser un miembro de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13); poco después, un maltratador, y, ahora, un traficante de migrantes indocumentados, cerebro de una red que introducía del grupo violento centroamericano a Estados Unidos.

Con esta última acusación, realizada por un gran jurado en un tribunal de Nashville, Tennessee, el Gobierno de Estados Unidos ha cambiado de estrategia y regresado a Kilmar Abrego García, el salvadoreño por el que lleva tres meses de pulso con el poder judicial y a quien se negaba hasta ahora de retornar.

Abrego García regresó este viernes a Estados Unidos y se presentó brevemente ante el tribunal de Nashville, donde asintió al preguntarle si entendía la acusación. La jueza magistrada federal Barbara Holmes determinó que permanecerá detenido al menos hasta el próximo viernes, cuando se realizará una audiencia de lectura de cargos y detención.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dijo que la vuelta de Abrego García se produce “para responder por sus crímenes y enfrentar todo el peso de la justicia estadounidense”. La fiscalía acusa a Abrego García de “conspiración para transportar extranjeros” y “transporte ilegal de extranjeros indocumentados”, redoblando las afirmaciones del Gobierno de que es miembro de la MS-13 y pintándolo como una figura clave en una red multinacional que supuestamente contrabandeó a “miles” de personas a Estados Unidos entre 2016 y 2025. En los papeles presentados también se afirma que traficó con niños y armas.

Los abogados de Ábrego García rechazaron los cargos en su contra. Simon Sandoval Moshenberg dijo en una rueda de prensa que el debido proceso “significa que se dé la oportunidad a la defensa antes de que seas castigado, no después. Esto es un abuso de poder, no es justicia”. Dijo que defenderán al salvadoreño de los cargos que asegura son “inventados”: “Vamos a demostrar que no hay nada de sustancia en esos cargos”.

Abrego García fue uno de los más de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, que fue deportado a El Salvador el 15 de marzo bajo las acusaciones, sin pruebas, de pertenecer a las pandillas Tren de Aragua y MS-13 y echando mano de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma anacrónica de 1798 que solo se ha utilizado en tres ocasiones y siempre por situaciones bélicas.

Los deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), la cárcel construida por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, famosa por violar los derechos humanos de los presos. Abrego García sería trasladado después a otra cárcel de El Salvador.

Su detención se había producido el 12 de marzo, cuando acababa de recoger a su hijo de cinco años, que viajaba en el asiento trasero del coche. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) apenas le dieron tiempo de hablar con su esposa, Jennifer Vásquez Sura, que fue avisada para recoger al menor, que sufre autismo.

Desde ese momento, Vásquez Sura ha sido parte activa en la campaña que ha reunido a líderes civiles y políticos para exigir al Gobierno la vuelta de Abrego García, que se convirtió en un símbolo de las injusticias cometidas en las deportaciones masivas de la istración Trump.

El Ejecutivo reconoció desde el principio que el salvadoreño fue deportado por error, pero se negó a gestionar su vuelta alegando que ya estaba bajo custodia del Gobierno de Bukele. Donald Trump incidió en todo momento en la idea de que era un criminal peligroso, miembro del MS-13, y usó una foto de los tatuajes de su mano como prueba irrefutable de ello.

El “error” cometido por el Gobierno fue no tener en cuenta al expulsarlo que Abrego García tenía desde 2019 una protección que un juez le había otorgado para evitar su deportación a El Salvador, donde estaba amenazado por las pandillas.

Hasta los 16 años, cuando emigró para Estados Unidos, Abrego García sufría con su familia, que tenía un negocio de pupusas, las extorsiones del grupo Barrio 18. Los integrantes presionaban para que el adolescente se uniera a su pandilla. Las continuas amenazas hicieron que sus padres le enviaran a Estados Unidos, a donde ya había huido su hermano mayor.

Abrego García cruzó la frontera de forma ilegal y se instaló en Maryland, donde conoció a su esposa y ayudaba en la manutención de los tres hijos (uno de ellos común) con trabajos como obrero metalúrgico. Una de las veces que buscaba empleo en las afueras de un Home Depot, fue arrestado junto a otros tres indocumentados. Le acusaron de pertenecer al MS-13 y pasó varios meses detenido, pero fue liberado sin cargos por no haber pruebas contra él. El juez le concedió entonces la protección que el Gobierno se saltó al enviarlo a El Salvador.

Pulso judicial

Tras su traslado al Cecot, comenzó el pulso entre la istración y el poder judicial. La jueza de distrito de Maryland Paula Xinis exigió al Gobierno que procediera a su retorno, pero tanto ese fallo como las órdenes que le siguieron, obligando a las autoridades a informar sobre los pasos que estaba dando para gestionar el regreso, fueron incumplidos por el Gobierno. El Tribunal Supremo también se pronunció instando al Ejecutivo a “facilitar” el retorno de Abrego García, pero ni las directrices del Alto Tribunal sirvieron para hacer ceder al Gobierno en su postura. Solo ahora, con la primera acusación formal, lo han llevado de vuelta.

De ser considerado culpable de los cargos que enfrenta, puede ser condenado a 10 años de prisión por indocumentado transportado, lo que equivaldría a cadena perpetua.

Los cargos se derivan de un control de tráfico ocurrido en 2022, en el que la policía de Tennessee sospechó que podría estar traficando personas. En el coche, que conducía Abrego García, viajaban otros ocho hombres que, según dijo el salvadoreño, iban a realizar un trabajo en Maryland. Los policías dudaron de la versión porque ninguno de los ocho hombres llevaba equipaje, aunque indicaron que tenían la misma dirección que Abrego García. Los agentes le dejaron marchar solo con una amonestación por tener el permiso de conducir vencido.

Cuando el Departamento de Seguridad Nacional hizo público el vídeo del retén, Vásquez Sura justificó que algunas veces su esposo transportaba a trabajadores a los lugares donde realizaban obras.

El supervisor de la oficina de fiscales, Ben Schrader, quien había trabajado en Nashville durante casi 15 años, renunció hace dos semanas por estar en descuerdo con la manera en que se ha llevado el caso que ayer lo llevó de vuelta a Estados Unidos, según han confirmado varias fuentes anónimas.