Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo: “En ningún país europeo el fiscal general se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente”
El Gobierno, sobre el procesamiento de García Ortiz: “Hay algunos jueces haciendo cosas difíciles de entender” | El PP sostiene que el Ejecutivo defiende al jefe del ministerio público porque “le debe varios favores”
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El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del procesamiento de Álvaro García Ortiz. “En ningún país europeo, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente, siguiendo las órdenes de la Presidencia”, ha defendido Feijóo durante la clausura de un acto del PP en Alicante, donde ha acompañado al president, Carlos Mazón. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido que “hay algunos jueces haciendo cosas difíciles de entender”, en referencia a la causa contra García Ortiz. La ministra ha reiterado la “máxima confianza” del Ejecutivo en el fiscal y ha asegurado que el Gobierno no le dio instrucciones para que filtrara información sobre el caso de fraude del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un punto que recoge el auto del Supremo que procesa al jefe del ministerio fiscal. “Eso no sucedió nunca”, ha señalado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Previamente, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de salir en defensa de García Ortiz porque le debe “favores”, que no ha especificado. “Todo el Gobierno descalifica a un juez y se abraza a un presunto delincuente para ofrecerle todo lo que necesite”, ha dicho en el Congreso.
Ábalos denuncia que la Guardia Civil ha clonado su teléfono móvil durante el registro de su vivienda
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado durante cerca de nueve horas y media una vivienda y un local en Valencia propiedad del exministro socialista José Luis Ábalos, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa en la que está imputado el exdirigente del PSOE. “Han clonado mi teléfono móvil, el cual me han devuelto”, ha denunciado en X Ábalos. “Se han llevado exclusivamente unas memorias digitales que no les ha dado tiempo a clonar, por lo que el jefe del operativo me ha comunicado que a partir de mañana podré solicitar su devolución”.
La ministra de Igualdad defiende que no hay pruebas contra el fiscal general
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido al fiscal general, Álvaro García Orti,z en los pasillos del Senado. “No hay pruebas. [El auto] atenta al principio del Estado de derecho. Llevamos siete u ocho meses y no se deducen pruebas suficientes”. Redondo ha defendido las imágenes de este lunes en donde le decía a García Ortiz durante un acto que si quería irse a cenar con ella, en una muestra de apoyo. “Somos amigos desde hace 40 años. Hicimos la carrera juntos en Valladolid. No es la primera vez que nos invitaremos”.
Yolanda Díaz insta al PP a no “torpedear” las instituciones tras el proceso contra el fiscal general
Yolanda Díaz ha expresado su “confianza absoluta, completa y radical con la actuación del Fiscal General del Estado” y ha instado al PP a dejar de “torpedear” las instituciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha sido muy crítica con el auto, que sostiene sin pruebas que Álvaro García Ortiz actuó siguiendo “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, al tiempo que ha animado a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura para la que no tiene los apoyos necesarios.
“Me dedico a la abogacía en mi vida privada. No he visto un auto semejante como lo que estamos conociendo en estos días. Por tanto, muestro mi perplejidad por lo que estamos asistiendo y lo que sí que desde luego hemos de hacer es respetar el resultado de las urnas el 23 de julio. Y digo a los poderes fácticos y para el Partido Popular que está en la oposición, tiene una herramienta en democracia a su disposición que se llama moción de censura. Si el Partido Popular se cree que goza de la mayoría para conseguirlo, que la presente y que la debata en el Congreso de los Diputados. Pero basta ya de torpedear todas las instituciones en nuestro país”, ha dicho en los pasillos del Senado.
Yolanda Díaz pide “respeto” para la Fiscalía General del Estado
La sesión de control al Gobierno en el Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta, ha comenzado con una defensa a ultranza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sumar, socio de Gobierno, sigue la estela de esta mañana de la portavoz del Ejecutivo. Yolanda Díaz ha sido tajante: “Voy a salir en defensa de una institución que merece respeto. Se llama Fiscalía General del Estado”.
Mazón carga de nuevo contra el Gobierno por la gestión de la dana en Valencia: “Hoy nadie duda de que nos han dejado solos”
El president, Carlos Mazón, ha defendido en un acto del PP en Alicante su labor en la reconstrucción de Valencia tras la dana. “Hoy ya nadie tiene dudas de que nos han dejado solos”, ha censurado en referencia al Ejecutivo. “Pensamos que habría un compromiso de colaboración, pero ocho meses después no hay ni siquiera una comisión mixta para coordinar los trabajos entre el Gobierno de España y la Generalitat valenciana”, ha lamentado el president, antes de asegurar que en la Palma, con la erupción del volcán, esa comisión “se puso en marcha en 11 días”. Mazón ha exigido al presidente Pedro Sánchez ayudas a fondo perdido para restablecer la red de carreteras tras el desastre del temporal. Y ha afirmado que, cuando pidió la coordinación de las ayudas a Sánchez en la Conferencia de Presidentes, este le dijo “venga Carlos, venga, que estoy muy nervioso”.
El Gobierno mantiene su apoyo hasta el final sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y da un salto más en su crítica al auto del juez del Supremo Ángel Hurtado. El Ejecutivo no llega a acusarlo de prevaricación, el delito más grave para los jueces —tomar una decisión injusta a sabiendas—, pero casi dice lo mismo con otras palabras para evitar plantear actuaciones delictivas de un magistrado y, políticamente, lanzar el mismo mensaje. La portavoz, Pilar Alegría, ha sido directa en una respuesta muy preparada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, ha dicho ante la primera pregunta sobre el auto del juez Hurtado.
Feijóo: “En ningún país europeo el fiscal general se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del procesamiento de Álvaro García Ortiz. “En ningún país europeo, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente, siguiendo las órdenes de la Presidencia”, ha defendido Feijóo durante la clausura de un acto de los populares en Alicante, donde ha acompañado al president, Carlos Mazón. “No nos acostumbremos a ello, no pensemos que esto es irremediable. No se puede seguir manchando tanto la Fiscalía General del Estado. Nadie tiene legitimidad para manchar nuestras instituciones”, ha remachado el líder de los populares.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, se ha sumado este martes a las comunidades gobernadas por el PP y lleva la reubicación de menores migrantes al Tribunal Constitucional. El Consejo de Gobierno ha autorizado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley que permite la distribución entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que están hacinados en Canarias y Ceuta. La norma, con la que el Ejecutivo espera iniciar los traslados en verano y que fue convalidada por el Congreso de los Diputados en abril, acumula ya una decena de recursos ante el órgano de garantías.
En el corazón de los argumentos que esgrime el Gobierno regional contra la redistribución está la financiación. Así lo ha sostenido la portavoz Esther Padilla en una rueda de prensa tras la reunión de este martes. “Este Gobierno comparte que la solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños, pero acoger no es solo abrir la puerta, es ofrecer condiciones dignas y, para eso, hace falta financiación”, ha dicho. “Castilla-La Mancha no recibe ni un euro para atender esos más de 500 niños y eso tiene un coste; son 26,6 millones de euros solo la parte de bienestar social, sumando además educación, sanidad… y no nos dan nada”, ha sostenido.
Sánchez comparecerá en julio en el Congreso tras el próximo Consejo Europeo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en julio en el Congreso tras el Consejo Europeo del 26 y 27 de junio. Así lo ha adelantado en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, quien ha señalado que el jefe del Ejecutivo comparecerá, como es habitual, tras el Consejo Europeo de Bruselas. El PP, por una parte, y Podemos y ERC, por otra, habían solicitado la pasada semana la comparecencia de Sánchez para que diera explicaciones sobre los audios en los que la exmilitante socialista Leire Díez pedía a un empresario información comprometedora sobre un teniente coronel de la UCO. Los populares registraron además este lunes otra petición de comparecencia del líder del Ejecutivo tras el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. (Efe)
El Gobierno, sobre el procesamiento del fiscal: “Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”
El Ejecutivo mantiene el apoyo al fiscal general, Álvaro García, y sube un peldaño en su crítica al auto del juez Hurtado. No llega a acusarle de prevaricación, pero se le acerca. La portavoz, Pilar Alegría, ha sido directa en una respuesta muy preparada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender. Este Gobierno mantiene el apoyo al fiscal general", ha dicho. Además, ha negado "rotunda y categóricamente que hubiese instrucciones por parte de presidencia [para que el fiscal filtrase la información que investiga el juez Ángel Hurtado]. Esto no sucedió nunca", ha zanjado. En este sentido, Alegría ha lamentado "que el Supremo haya hecho estas afirmaciones sin ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que el fiscal filtrara nada. Varios periodistas declararon que tenían la información varias horas antes, y estos testimonios se tiraron a la basura. Defendemos la presunción de inocencia, máxime en este caso. No es un auto firme, cabe recurso, trasladamos la máxima confianza en la justicia, en la honestidad y el buen trabajo de la mayoría de jueces y fiscales”, ha rematado.
Compromís exige una autonomía a Sumar que el reglamento del grupo sanciona
Compromís quiere redefinir el funcionamiento del grupo parlamentario de Sumar y eso incluye “plena autonomía” al partido, también para fijar el sentido del voto o llamar al presidente Pedro Sánchez a la comisión de la dana. Si no, decidirán esta misma semana sobre su futuro en la coalición, según ha subrayado este martes la diputada Àgueda Micó. Pero las pretensiones de Compromís chocan de manera frontal con lo que recoge el reglamento de funcionamiento del grupo, que prevé sancionar a un diputado cuando vote una iniciativa de manera distinta al establecido por la dirección, salvo en los casos en los que se hubiera dado libertad para ello.
Después de que este lunes la ejecutiva de la confluencia valencianista evitara la ruptura y apostara por quedarse en el grupo del Congreso, pero “reevaluando” la relación con los de Yolanda Díaz, la portavoz de Compromís ha explicitado sus reivindicaciones en la sala de prensa de la Cámara baja: “Necesitamos una transformación confederal de este grupo”, ha afirmado antes de defender, entre otras, la posibilidad de presentar cualquier iniciativa parlamentaria, el uso de las herramientas de control al Gobierno o la negociación bilateral con el Ejecutivo.
Més, el partido de Micó, mayoritario dentro de Compromís, había sido el más duro a la hora de plantear hace más de diez días la ruptura con Sumar. El enfado se produjo cuando el resto del grupo impidió la propuesta de comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la dana, que los valencianos se tomaron como una traición a su pacto de 2023, en el que se estipula que son ellos los que tiene la última palabra sobre los temas de política valenciana. “Compromís lo que queremos es tener la autonomía plena para poder actuar según nuestros intereses y no tienen por qué ser compartidos por todo el grupo parlamentario. Lo que no puede pasar es que haya un veto a nuestra capacidad de acción política. Esto es lo que no vamos a permitir”, ha advertido la diputada, que espera poder negociar con el resto de grupos de la comisión la comparecencia del presidente, sin descartar aprobar llamar al presidente gracias al apoyo del PP.
Belarra considera un “ataque frontal a la democracia” el procesamiento del fiscal general
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya terminado procesado por revelación de secretos en relación con el caso del fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, esta situación es un “ataque frontal” a la democracia porque quien debería estar sentada en el banquillo de los acusados es Ayuso. “Habla muy mal de nuestra justicia y de nuestra democracia que la señora Isabel Díaz Ayuso no esté en la cárcel y en lugar de eso quien esté sentado en el banquillo de los acusados sea el fiscal general del Estado”, ha concluido.
Para Belarra, lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado ya ha pasado con otros partidos, pero el PSOE decidió “mirar hacia otro lado”. Ha puesto como ejemplo los casos en que “se desataba la guerra sucia judicial contra Podemos y se nos investigaba con informes falsos de la policía y se nos tenía años y años metidos en procesos judiciales por parte de los sectores reaccionarios de la justicia que están atrincherados ahí”. Una actitud, que según ha dicho, se debe a que los socialistas pensaban que a ellos “nunca se lo iban a hacer” y también porque les “beneficiaba electoralmente”. “De aquellos polvos, estos lodos”, ha lamentado. (EP)
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, hoy en el Congreso. / Javier Lizón / EFE
Tellado sostiene que el Gobierno defiende al fiscal general porque “le debe varios favores”
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la defensa del Gobierno al fiscal general del Estado tras ser procesado por un juez del Supremo se debe a que le está pagando “favores” que le debe a Álvaro García Ortiz. Tras las declaraciones de varios ministros en defensa de García Ortiz, Tellado ha señalado que “todo el Gobierno descalifica a un juez y se abraza a un presunto delincuente para ofrecerle todo lo que necesite. Esta coreografía confirma las sospechas de que el Gobierno le debe varios un favor, o varios, a su fiscal general del Estado”. El diputado se ha quejado de que se trata de “un uso absolutamente repugnante de las instituciones”.
Tellado ha vinculado, además, el caso de García Ortiz con la reforma de la carrera judicial y fiscal que tramita el Congreso. Tras denunciar que hay decenas de leyes “congeladas” en el Congreso, ha considerado “sospechoso” que el Gobierno “tenga tanta prisa” por tramitar a partir de esta semana la reforma judicial. “Esta ley Bolaños va como un tiro porque [el Gobierno] la necesita para controlar la justicia”, ha dicho.
Así, ha acusado al Gobierno de “actuar contra el poder judicial, el Estado de derecho y la separación de poderes”. “Actúa contra la Guardia Civil a través del comando Leire (en referencia a la exmilitante que maniobró para perjudicar a la UCO), y contra la carrera judicial con el comando Bolaños. Lo hacen para protegerse y blindarse frente a la corrupción, el Gobierno solo legisla para protegerse de la justicia”, ha insistido. El portavoz popular ha afirmado, por otra parte, que si el PP llega al poder “va a derogar todo lo que ha hecho el sanchismo, que ha causado un daño tremendo”.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atiende a los medios de comunicación, este martes en el Congreso. / Chema Moya / EFE
Vox, sobre la defensa del Gobierno al fiscal: “A Sánchez va a terminar encausado y están creando el relato”
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado que el fiscal general del Estado actúa “como abogado de [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez para evitar su encausamiento” por los escándalos que afectan al Ejecutivo y al entorno familiar del presidente. “De esto se trata, a Sánchez le va a tocar y están creando el relato, haciendo todo lo posible para anestesiar los contrapesos al poder”, ha dicho Millán, preguntada por si creía que el procesamiento del fiscal general puede perjudicar la carrera fiscal. Igualmente, ha afirmado que debe dimitir, pero está convencida de que no lo hará, pese a las denuncias de “miles de jueces y fiscales honrados que ven cómo su cúpula está politizada y tomada por los tentáculos de Sánchez”.
El PP ataca al PSOE con un monográfico sobre la “guerra sucia y mafiosa” del Gobierno en el Senado
El grupo del PP en el Senado va a centrar su actividad esta semana en la “guerra sucia y mafiosa” del Gobierno, en referencia a las grabaciones conocidas de la ex militante socialista Leire Díez en las que esta buscaba información comprometida de policías o fiscales que investigan casos de corrupción vinculados al Ejecutivo. El PP afirma que lanzará esta ofensiva en el Senado, en los plenos de este martes y mañana miércoles, habida cuenta de que “la delegada de [Pedro] Sánchez en el Congreso, Francina Armengol, ha impedido la más que necesaria comparecencia” del presidente del Gobierno en la Cámara Baja.
El PP no solo dispara contra el PSOE, sino que lleva su oposición también al socio menor del Gobierno, Sumar. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, preguntará a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre “qué comportamientos y formas vinculadas a la corrupción del Gobierno son incompatibles con la democracia”.
Los populares en el Senado se dirigirán también en una de sus preguntas al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, para preguntarle “sobre lo que persigue el Gobierno con la reforma del a la carrera judicial y fiscal”. En otra pregunta dirigida al ministro del Interior, el PP se interesa por “cuáles son las prioridades de la Directora General de la Guardia Civil”. Igualmente, el PP preguntará a la ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre “si entre sus funciones está la propagación de bulos”.
También interpelarán a los ministros Bolaños y Marlaska, para que expliquen, el primero, “cómo las actuaciones del Gobierno pueden ser compatibles con un Estado democrático de Derecho”, y para que el segundo haga balance de su actuación al frente de Interior.
En la sesión plenaria del miércoles 11 de junio, el GPP lleva al Pleno para su debate y votación también la reforma del Reglamento del Senado para que el presidente del Gobierno tenga la obligación de comparecer en la Cámara una vez al mes.
Don McLean habló en su conocida canción American Pie del día en que murió la música. El 9 de junio de 2025 se le atestó un golpe tremendo a la presunción de inocencia, una norma milenaria, por cierto. Lo contenido en el auto del magistrado instructor del Tribunal Supremo de esa fecha es un ataque tan frontal a la clave de bóveda del proceso penal –la presunción de inocencia–, que de perdurar en el tiempo sin que nadie lo remedie, cobrará carta de naturaleza que en España ya es posible condenar a alguien aunque exista una duda razonable. Es decir, lo contrario de lo que exige la presunción de inocencia.
Hay un antes y después en la carrera judicial de Ángel Luis Hurtado Adrián y está asociado a un nombre: Gürtel. Hasta entonces, 2017, Hurtado era un juez desconocido por el gran público que había escalado poco a poco en una trayectoria con destino último en la Audiencia Nacional. Lo que lo sacó del anonimato fue la porfía que puso por desvincular al PP y a sus principales dirigentes de la gran trama de corrupción. Hurtado recibió muchas críticas y se quedó en minoría ante sus compañeros de la Audiencia. Tres años después, cumplió su aspiración de ascender al Tribunal Supremo gracias al bloque conservador de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya tenía el mandato caducado. Desde allí, en el primer caso que le ha tocado instruir, acaba de tomar una decisión no menos controvertida: situar al borde del banquillo a todo un fiscal general del Estado.
El auto del juez Ángel Hurtado que propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, construye su relato acusatorio a partir de muchas suposiciones y escasos hechos probados; y lo apuntala con los testimonios que avalan su versión, mientras desecha todos los que la contradicen. Estos son algunos los apartados más relevantes de un auto de 51 páginas.
Óscar López carga contra el auto que deja al fiscal general al borde del banquillo: “Es de aurora boreal, manda un mensaje desolador”
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha cargado duramente contra el auto en el que el juez del Supremo Ángel Hurtado deja a un paso del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. “Es de aurora boreal”, ha dicho, porque “no hay pruebas que permitan afirmar lo que afirma, sino pruebas que demuestran lo contrario”. El juez sostiene que el fiscal, por orden de Presidencia del Gobierno, filtró a la prensa datos del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, orillando testimonios de periodistas que tuvieron conocimiento de esos datos antes que el propio fiscal. Resaltando este aspecto, López lamenta que el documento “manda un mensaje desolador, porque cualquier delincuente puede pensar que demandando a quien le denuncia puede tener éxito”. “El fiscal persigue un delito y otros montan un caso contra quien persigue un delito”, ha afirmado.
Preguntado en TVE por si se trata de un caso de lawfare (uso de la justicia con fines políticos), López ha afirmado que iba a “mantener la prudencia que no ha tenido el juez”.
Ha negado tajantemente que La Moncloa diese instrucciones al fiscal para perjudicar a Ayuso. “Todo lo contrario, es Ayuso la que pone todos los medios de la Comunidad de Madrid para hacer la guerra sucia al Gobierno con insultos o salvajadas diarias. Es propio del PP la acusación en espejo: hacen cosas y luego te acusan a ti de hacerlo”, ha criticado. Ha dicho que el asunto le recuerda el caso de Pablo Casado, exlíder del PP, que tuvo que abandonar tras acusar a Díaz Ayuso de corrupción. “El mensaje es no te atrevas a denunciar la corrupción de Ayuso porque te vas a enterar”, ha dicho.
Además, ha reiterado que el Gobierno mantiene su “plena y absoluta confianza” en el fiscal general.
El paso dado este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado supone el fin de la instrucción abierta en octubre pasado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, presuntamente, facilitar a medios de comunicación un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), procesado por fraude fiscal. El juez ve indicios suficientes para atribuir al máximo representante de la Fiscalía, así como a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la filtración de información con datos sensibles del empresario, lo que conllevaría un presunto delito de revelación de secretos.
El proceso contra el fiscal general del Estado constituye una extravagancia que tiene su última manifestación en el auto de procesamiento como elemento previo a la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos. La explicación que justifica cómo un caso sin causa ha llegado tan lejos difícilmente puede encontrarse en el perímetro de lo jurídico. Razones de otra índole explican el (ab)uso de acciones judiciales para dar continuidad, por vía vicaria, a una lucha sin cuartel contra rivales políticos.
Siempre hay un pecado original. También en el del proceso que hoy sacude al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lo cometió la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena. Ocurrió al principio, en el auto del 15 de octubre de 2024 que iniciaba el procedimiento.
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado quiere sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Nunca ha ocurrido nada parecido en la reciente etapa democrática y el motivo real del procesamiento parece una broma pesada. Atribuye Hurtado al fiscal general una supuesta revelación de secretos al filtrar a alguien, el juez no sabe exactamente ni a quién ni cómo lo hizo, un correo electrónico con el objetivo de responder con información veraz al gigantesco bulo difundido por la pareja de un presunto delincuente a medios de comunicación poco interesados en contrastar las noticias.
En el principio, se recordará, fue la decisión de Alberto González Amador de ofrecer al fiscal, a través de su abogado, un pacto confesándose autor de un delito y aceptando una pena. Seguiría el tóxico infundio propagado por Miguel Ángel Rodríguez, consistente en atribuir falsamente al fiscal la iniciativa de esa propuesta y la supuesta posterior retirada por orden del Gobierno. El fiscal general —¿tenía otra opción">Publicado a las: 08:15 CEST 10/06/2025
Llegó el momento de la batalla definitiva entre el Gobierno y el Tribunal Supremo alrededor del fusible más sensible, el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde que el Ejecutivo puso en marcha la ley de amnistía, e incluso antes, con los indultos y los cambios del delito de sedición y malversación, el Gobierno y el Supremo han chocado muchas veces. La sala de lo Penal, dirigida por Manuel Marchena, al que algunos del Gobierno consideran casi una especie de jefe de la oposición en la sombra, ha dado golpes muy duros al Ejecutivo. Pero ahora llega la hora de la verdad: la decisión de juzgar y en su caso condenar al fiscal general del Estado, algo que en el Ejecutivo ven “completamente imposible” porque, tal como queda claro según su visión en el auto del juez Hurtado, “no hay ninguna prueba” de que García fuera el autor de la filtración del correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos y ofrecía un acuerdo.
“Complicidad y colaboración con ETA”. El diputado del PP Luis Santamaría no se quedó corto en sus acusaciones a Álvaro García Ortiz, que aquella calurosa mañana del 28 de julio de 2022 había acudido al Congreso a pasar el preceptivo examen antes de tomar posesión como fiscal general del Estado. Medios conservadores estaban publicando que el hasta entonces número dos de la Fiscalía había ordenado declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ya había publicado una nota negando haber recibido “ningún tipo de directrices”. Pero las grandes cabeceras de la derecha madrileña seguían martilleando. Y el diputado Santamaría estaba allí para repartir leña: el nuevo fiscal del Estado colaboraba con ETA.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, un día después de que el juez del Supremo Ángel Hurtado dejase al fiscal general del Estado a un paso del banquillo de los acusados por revelación de secretos en relación con el caso del fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mientras el PP y Vox pide la dimisión de Álvaro García Ortiz, el Gobierno, que ya ha mostrado su apoyo al fiscal, tendrá ocasión de analizar la inédita situación en la reunión del Consejo de Ministros.
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