La saturación del sistema público aboca a más de la mitad de los mexicanos a la salud privada

Después de consultar a dos especialistas, asistir a cinco consultas y pagar dos rondas de laboratorios privados, Georgina Sánchez aún no tiene diagnóstico, pero sí 15.000 pesos menos. Su caso no es aislado. Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 54% de la población en México acude a servicios médicos privados, ya sea por la saturación del sector público o por la falta de a este. La falta de regulación de este mercado permite que algunas clínicas establezcan tarifas elevadas sin justificación clara.

En promedio, una consulta con un médico general cuesta entre 300 y 800 pesos, mientras que una con un especialista puede alcanzar hasta los 5.000. El encarecimiento de la medicina privada no es nuevo, pero se ha acelerado en los últimos años, advierte Gustavo Leal Fernández, académico de la UAM-Xochimilco especializado en políticas de salud. “El sector opera con una regulación mínima: no hay un sistema de monitoreo que permita identificar abusos o patrones sistemáticos. Esto deja al paciente en una posición de vulnerabilidad, sobre todo ante enfermedades crónicas o graves que requieren atención prolongada”.

A ello se suman otras prácticas problemáticas. Algunas clínicas alargan innecesariamente los procesos de diagnóstico para aumentar el número de consultas, especialmente cuando el paciente cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, explica que al operar sin topes de precios ni regulación, no es fácil calcular el aumento de las citas médicas. “Ni la Secretaría de Salud ni el INEGI tienen una base de datos confiable sobre tarifas, mucho menos mecanismos para intervenir cuando los precios son desproporcionados. Y como una parte del sector funciona en la informalidad —sin emitir facturas, sin declarar ingresos—, no está claro el tamaño real del problema”, advierte Martínez.

Quienes no pueden acceder o esperar a una cita en el sector público se ven obligados a pagar de su bolsillo, incluso si eso significa endeudarse o agotar sus ahorros. Ese es el caso de Antonio Trejo, de 54 años, a quien le detectaron mieloma múltiple —un tipo de cáncer en la sangre— en un médico privado. Aunque tiene derecho al ISSSTE, optó por atenderse fuera, porque las citas podían tardar hasta tres meses y los síntomas y la preocupación no podían esperar. La primera etapa de su tratamiento, que incluyó consultas semanales de 2.000 pesos, estudios, medicamentos y radiación en el Hospital Español, costó 400.000 pesos. Lo cubrió con apoyo familiar y sus propios ahorros. Cree que “pudo ser peor”, pues sabe que en otros hospitales privados de mayor nivel, los costos serían aún más elevados. Lo que seguía era un trasplante de médula ósea de un millón de pesos, que le resultó impagable. Entonces volvió al ISSSTE.

Ahí comenzó lo que describe como “una lucha despiadada por atención”. Se enfrentó a esperas interminables y procesos “excesivamente burocráticos”. Aunque reconoce que los médicos del sector público son competentes, cree que el mayor contraste es el trato. “Cuando te dicen que tienes cáncer, lo primero que piensas es que te vas a morir. Acudes al médico esperando encontrar empatía, pero el sistema está tan saturado que te atienden como si te hicieran un favor”, relata.

Oncología y estética, las más demandadas

La medicina oncológica es una de las más demandadas en el sector privado, junto con los procedimientos estéticos, la atención cardiológica y dental, de acuerdo con Leal. Tanto Trejo como Sánchez coinciden en que la calidad no siempre es mejor en el sector privado. De hecho, creen que muchos de los mejores médicos están en el IMSS o el ISSSTE, aunque trabajan bajo condiciones de sobrecarga.

María de la Luz Rivera, pediatra con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, considera que los costos de consulta dependen en gran parte de la ubicación del hospital o consultorio. “No es lo mismo tener un consultorio en Iztapalapa que en el Hospital Ángeles de Las Lomas”, explica. Sin embargo, reconoce un alza de precios en general, motivada por el aumento en rentas, insumos médicos y servicios.

La presión económica también se refleja en el gasto familiar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, de cada 100 pesos que se gastan en salud en México, 43 salen directamente del bolsillo de las familias. En los hospitales públicos los pacientes se enfrentan a la escasez de medicamentos, falta de equipo para ciertos estudios o listas de espera tan largas que incluso los propios médicos recomiendan a sus pacientes realizar estudios por fuera o acudir con especialistas privados. Para enfermedades leves o malestares comunes, muchas personas acuden a consultorios de farmacias, donde el es rápido y el costo mucho menor. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el gasto promedio por hogar en salud pasó de 343 pesos en 2018 a 448 en 2022, un incremento del 30,9%. En zonas rurales, el panorama es muy distinto: la población depende casi por completo del sector público.

Georgina Sánchez, además de su caso sin diagnóstico, ha tenido múltiples experiencias frustrantes con médicos privados. Padece diabetes e hipertensión, y aunque recibe tratamiento en el ISSSTE, muchas veces ha recurrido a especialistas privados para acelerar la atención. El pasado febrero visitó a un cardiólogo, donde pagó dos consultas de 1.400 pesos que transfirió directamente a la cuenta de la recepcionista. El médico no aportó nada nuevo y le recomendó continuar con el tratamiento que ya le habían recetado en la medicina pública, pero le pidió seguir agendando citas. “Me sentí estafada. Ha sido un peregrinar de dos años. Sigo sin diagnóstico y en espera de las citas con especialistas del ISSSTE”, dice. También ha gastado más de 50.000 pesos en tratamientos dentales que no han tenido buenos resultados. Su dentista mudó el consultorio a una zona más exclusiva y duplicó el precio de una limpieza: de 1.000 a 1.900 pesos. En este caso, ni siquiera contempla recurrir a la pública, pues no confía en el equipo ni en los materiales disponibles.

Los especialistas en economía de la salud consultados coinciden en que una posible vía para frenar los abusos es establecer un tabulador oficial de costos como referencia nacional. “Este tipo de regulación no solo es viable, sino urgente”, señala Leal. María de la Luz Rivera, por su parte, cree que muchos médicos privados estarían dispuestos a apegarse a tarifas justas si existiera un marco claro y consensuado. Durante la pandemia por Covid 19, el gobierno propuso a hospitales y clínicas privadas sumarse a un esquema de control de precios para garantizar la atención ante la emergencia sanitaria. Aunque algunos se adhirieron, la iniciativa generó reclamos entre quienes vieron afectada su rentabilidad.

Mientras no exista esa regulación, el sistema de salud en México seguirá operando bajo la misma lógica, dicen los expertos: quien puede pagar, accede; quien no, espera.